Cubana recibe condena por fraude de casi 37 millones de dólares en Miami
La procesada también deberá pagar una millonaria suma en concepto de restitución
Arisleidys Fernández Delmas recibió una condena de 104 meses de prisión, un poco más de ocho años, por ser la cabecilla de un fraude sanitario de casi 37 millones de dólares en el sur de Florida.
Según un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés), la joven procesada también deberá pagar 8 millones 671 mil 377 dólares en concepto de restitución. A ello también se le suman tres años de libertad condicional.
Fernández Delmas, de 33 años y origen cubano, es una de las 15 personas acusadas en la estafa, muchas de las cuales se encuentran relacionadas de manera familiar. Los fiscales afirmaron que el grupo pagaba comisiones ilegales a beneficiarios de planes de seguro médico gestionados por Blue Cross, y ofrecía las comisiones a empleados de JetBlue Airways, AT&T y TJX Companies para inducirles “a servir como pacientes en varias clínicas de fisioterapia del sur de Florida”.
“Los conspiradores también pagaron comisiones ilegales y sobornos a sus coacusados a cambio de que remitieran a más beneficiarios de BCBS a las clínicas de fisioterapia para poder presentar más reclamaciones fraudulentas de asistencia sanitaria”, dice el boletín del DOJ.
Los funcionarios dijeron que también pagaron a masajistas autorizados para que actuaran como ‘propietarios nominales’ y operadores de las clínicas de fisioterapia. Esto permitió a los cabecillas del fraude eludir diversos requisitos de autorización de las clínicas médicas e intentar eludir la acción penal.
####Varios individuos han admitido su implicación en el esquema de fraude, ellos son:
- Pedro Hugo Prieto García, residente en Miami, admitió su culpabilidad el 27 de julio y fue condenado el 16 de octubre a 87 meses de prisión, con una orden de confiscación de 341.887 dólares.
- Leidys Delmas García, también de Miami, se declaró culpable el 24 de julio y recibió una sentencia el 16 de octubre de 68 meses de cárcel y una confiscación de 1.599.933,33 dólares.
- Carlos José Martín Gómez, de Miami, reconoció su culpabilidad el 12 de octubre. Su audiencia de sentencia se ha fijado para el 3 de enero de 2024.
- Julio Acosta Pérez, de Homestead, admitió su delito el 14 de junio y fue sentenciado el 6 de septiembre a 37 meses de prisión, con una orden de confiscación de 822.524,21 dólares.
- Yohana Iriza, también conocida como Yohana Lozada, de Miami, se declaró culpable el 4 de abril y fue sentenciada el 4 de agosto a 33 meses de prisión. Se ordenó la confiscación de 367.207,64 dólares.
- Gabriel Lozada, de Fort Meyers, admitió su culpabilidad el 1 de mayo y fue sentenciado el 31 de julio a 27 meses de prisión, con una orden de confiscación de 255.694,16 dólares.
- Emiliano Joaquín García, residente en Lakeland, se declaró culpable el 18 de abril y fue condenado el 24 de octubre a 16 meses de cárcel.
- Anthony Lozada, de Miami, reconoció su delito el 4 de abril y fue sentenciado el 4 de agosto a 18 meses de prisión. Se le confiscó una suma de 223.604,78 dólares.
- Daimara Borroto García, de Hollywood, admitió su culpa el 4 de mayo y recibió una sentencia el 18 de septiembre de 14 meses de prisión.
- Elías Caises Maurino, de Miami, se declaró culpable el 25 de abril y fue sentenciado el 9 de agosto a seis meses de cárcel.
- Linda Taylor, también de Miami, admitió su delito el 28 de agosto. Su audiencia de sentencia está programada para el 17 de noviembre.
Además, han comparecido ante un tribunal como acusados: Gabriel Jaime Mejía, Yarlon Valdés Morejón y Ariel González. Respecto a los últimos tres mencionados, es importante tener en cuenta que por el momento son presuntos inocentes, hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia.
El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) se encargó de las pesquisas relacionadas con cada caso, mientras que los fiscales federales adjuntos Will J. Rosenzweig y Michael B. Homer de los procesamientos. El comunicado también señala que la fiscal federal adjunta Annika Miranda tuvo a su cargo la confiscación de activos.
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